Montesinos admitió excesos de miembros de Fuerzas Armadas

El Comercio, Lima, Febrero - 2003

Washington. En un intento desesperado por lograr el respaldo del embajador de Estados Unidos, el ex asesor Vladimiro Montesinos admitió que durante 1999 se habían cometido "algunos excesos" por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, aunque no dio mayores detalles.

Según un nuevo lote de documentos desclasificados por el Departamento de Estado, el ex asesor reconoció que "muchos de los abusos habían sido cometidos por efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), mas no por el personal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)", que él controlaba.

De acuerdo con el informe remitido a Washington por la Embajada de Estados Unidos en Lima, Montesinos aseguró que "la situación había cambiado positivamente en el SIE". En los documentos no se registra ninguna observación o cuestionamiento que haya sido formulado por los
diplomáticos norteamericanos sobre casos específicos, como la matanza en Barrios Altos o las torturas contra la ex agente de inteligencia Leonor La Rosa.

También se puede advertir que durante la reunión entre Montesinos y John Hamilton no se hicieron mayores referencias al presidente Fujimori o a los altos mandos militares.

Caso Berenson

En los mismos documentos se toca el Caso Berenson. En ellos se hace ver la posibilidad de un juicio civil para la emerretista Lori Berenson y que luego pueda cumplir su condena en una prisión de Estados Unidos.

Montesinos y el ex embajador estadounidense en Lima abordaron este espinoso tema en secreto, el 17 de setiembre de 1999. En la reunión Montesinos aseguró que "el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori tenía previsto resolver el Caso Berenson para diciembre de 1999". Añadió que existía la posibilidad de que en el fuero civil la emerretista fuera condenada a 15 o 20 años y que necesariamente habría que esperar el fallo final.

Sin embargo, puntualizó que después de conocerse la sentencia en el tribunal civil, "Lori Berenson Mejía podría retornar a Estados Unidos amparada en un acuerdo bilateral que avala el intercambio de sentenciados" para que puedan cumplir sus condenas en su país de origen.

Esta información, que se desprende de los nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Estado, es distinta a la entregada recientemente a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Según los documentos, la reunión se efectuó en la residencia del embajador estadounidense, con la participación de otros funcionarios federales, quienes también formularon preguntas relacionadas con el Caso Berenson.

Luego de los ofrecimientos de Montesinos, Hamilton envió un informe reservado a Washington en el que deja constancia de la reunión y argumenta la necesidad de seguir consultando sobre el tema, así como la conveniencia de intercambiar opiniones con otros interlocutores estadounidenses.

Hamilton informó a sus superiores en el Departamento de Estado que el ex asesor parecía "ansioso" de ser aceptado como una "respetable compañía".

La propuesta del "Doc" fue planteada cuando los sectores democráticos y la prensa independiente denunciaban no solo violaciones a los DD.HH. en el Perú, sino una conspiración para perpetrar un fraude electoral durante los comicios presidenciales del 2000.

Hay una demanda contra el Perú

Pese a que fue juzgada nuevamente, y bajo un gobierno democrático, en septiembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Perú por el caso de Lori Berenson con el fin de que vuelva a ser sometida a un juicio. La información llegó el 6 de ese mes y se estableció un plazo de 30 días para que el Estado Peruano presentase a un juez ad hoc como parte del tribunal. La responsabilidad cayó en Juan Monroy Gálvez, propuesto por el Ministerio de Justicia.

Según la demanda, el Estado Peruano habría violado cinco artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos durante el juicio civil realizado en el 2001, cuya pena -20 años de prisión- fue ratificada por la Corte Suprema.

Berenson fue capturada a fines de noviembre de 1995 en un centro de operaciones del MRTA en Surco. Durante su presentación pública en la Dincote, la mujer vociferó su apoyo al grupo armado. Poco después, fue sentenciada en el fuero militar, por un tribunal sin rostro, a cadena perpetua.El 19 de junio del 2001 el embajador de Estados Unidos, John Hamilton, preguntado sobre un eventual canje de su compatriota con Manuel Áivar Marca, detenido en ese momento en Miami, respondió que ambos eran casos separados y que no existía ninguna responsabilidad al respecto.

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