Alguien tiene que hablar

En el Perú la violencia política ha sido denominada con el término de terrorismo. Hay que tomar en cuenta la coyuntura en la que ésta se dio. En los 1990, la política económica neoliberal quitó aún mas derechos políticos y sociales a la población. Pero así como ayer, hoy la figura de terrorismo se utiliza a nivel internacional para silenciar las voces de oposición a un sistema que beneficia a los grupos privilegiados, en detrimento del bienestar de las grandes mayorías. El propósito de utilizar conceptos visualizables como el de terrorismo, es para provocar zozobra, terror y temor. Esto tiene un impacto enorme en lo sicológico y social, y sirve para crear una cortina de humo que esconda los verdaderos problemas económicos y sociales que enfrenta la sociedad. En Perú, Alberto Fujimori, ahora fugitivo en Japón, utilizó el espectro del terrorismo por más de una década para encubrir su corrupción gubernamental y su sed de poder y control.

En los años 80 y comienzos de los 90, la violencia política en el Perú fue terriblemente dura -y esto es algo que de ningún modo pretendo justificar-. Insurgieron dos organizaciones alzadas en armas, el PCP-Sendero Luminoso y el MRTA. Es bien conocido que estas organizaciones fueron muy distintas tanto en su ideología como en sus acciones; sin embargo el gobierno peruano continua sin hacer distinciones públicas, metiendo a las dos organizaciones en un solo saco, y clasificandolas por igual de “terroristas”. Pero el hecho de que una organización insurgente, aunque hubiere hecho uso de la violencia, haya tenido un respaldo popular, denota cuan terriblemente violenta, excluyente y deshumanizada debió haber sido esa sociedad. Esto no es una justificación ni mucho menos, sino una explicación necesaria de los males sociales que tienen que ser resueltos aquí o en cualquier lugar si se pretende erradicar todo tipo de violencia de la sociedad.

En el Perú el tema de la violencia política y el “terrorismo” ha sido tan politizado que se ha vuelto imposible tratarlo correctamente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, nombrada en junio 2001, tiene la gran limitante de que el gobierno la utiliza, o utiliza en general el tema, con fines netamente políticos. Hoy en día, aunque no quedan vestigios de la violencia de las décadas anteriores, el gobierno continúa recordando a su gente los hechos pasados de violencia política como si fueran nuevamente un peligro, a la vuelta de la esquina. Esta manipulación del tema no es sino otra cortina de humo para esconder los importantes problemas económicos y sociales, y hacer que la gente tenga miedo de cualquier iniciativa real de cambio social en una sociedad tan profundamente dividida. Esto no es una afirmación sino el intento de explicar por qué el tema del terrorismo en Perú siempre esta en primera plana cuando en realidad ya no existe.

Pero aun quedan reliquias de aquella época de la violencia: los que fuimos detenidos en el contexto de la violencia política, y que permanecemos en prisión, somos algunas de estas reliquias. Otras son los decretos supremos antiterroristas dictados durante un estado de Emergencia por Alberto Fujimori y por los cuales fuimos sentenciados.

Yo fui condenada a cadena perpetua por el cargo de “traición” en un juicio sumario bajo esa legislación antiterrorista que violó mis derechos humanos fundamentales. Gracias únicamente a la presión de la comunidad internacional, los militares revieron mi caso, encontraron ausencia de evidencias y anularon mi sentencia. Recibí entonces un juicio “publico” con la misma legislación antiterrorista, injurídica y violatoria de los estándares internacionales de derechos humanos y del debido proceso. Más de cien intelectuales de todo el mundo impugnaron este juicio público y lo equipararon como un regreso a la “inquisición”. A pesar de todo recibí una condena de 20 años. Si no hubiera existido la presión internacional, aún tuviera la condena a cadena perpetua y estuviera enfrentada a las nuevas leyes del gobierno peruano, como pasa con cientos de prisioneros políticos sentenciados a cadena perpetua por los tribunales militares secretos. Estas nuevas leyes otorgan el beneficio de libertad condicional al cabo de 35 años si, y solamente si, los prisioneros renuncian a sus ideales, y a sus visiones políticas y sociales. Al respecto, las recientes declaraciones del Ministro de Justicia Alvarado, afirman que las leyes anti terroristas son más una política de estado a largo plazo que un asunto judicial.

Actualmente hay en Perú aproximadamente 2500 seres humano en prisión detenidos en el contexto de la violencia política. Muchos de ellos son inocentes de los cargos que se les imputan y otros han recibido condenas totalmente desproporcionadas a los crímenes cometidos. En Perú debería, sin embargo, existir el temor de que el encarcelamiento podría ocurrirle a cualquiera que se oponga a aquellos que están en el poder. Si analizamos la situación internacional y las actuales amenazas de guerra solo podemos confirmar esto. El Perú sirve de ejemplo de cómo aquellos que trabajan por el cambio social pueden ser condenados “democraticamente”.

El doloroso pasado peruano necesita ser cuidadosamente examinado por toda la sociedad, y la verdad no puede ser ignorada solo por beneficiar a una de las partes del conflicto. Hasta la fecha, el gobierno peruano ha negado históricamente a la gran mayoría su derecho de ser considerados y tratados como seres humanos. Alguien tiene que hablar.

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